Javier Rodríguez Cura
Fotos: Cortesía producción Presunto Culpable
|
Layda Negrete, Roberto Hernández y José Antonio Zúñiga |
Su arma es una 35 milímetros automática. La enfunda en su cubierta negra mientras la sostiene.
Es un arma de alto poder, mayor que cualquier averiguación previa.
Es una cámara profesional de filmación, equipada con su micrófono de sonido ambiente.
En Presunto culpable, su documental, se observa que viste de traje mientras entra al reclusorio oriente. El equipo de filmación cuelga de su hombro.
“En este país no puedes esperar pasivamente que las autoridades nos resuelvan los problemas”, menciona.
Con ella filma los juicios, deja constancia de los males que aqueja al sistema judicial mexicano.
Roberto Hernández Ruiz es abogado de formación y cineasta por convicción. Ambas labores las fusiona.
Regio natural, pero capitalino por adopción. Ahora radicado en California por formación. Es aspirante al doctorado en Políticas Públicas en la Universidad de Berkeley en California.
Su trabajo ha despertado interés no sólo en México sino también en otras latitudes. Al teclear en Google “Roberto Hernández Ruiz Presunto Culpable” aparecen 1 millón 540 mil resultados. Su éxito lo ha convertido en un preso de éste.
“El sistema judicial es un peligro para todos”, dice a través del auricular desde California.
Los últimos años, sin proponérselo, ha evidenciado lo quebrantado del sistema. Por eso sus palabras no son huecas.
En ocasiones una cámara es una mejor arma que una averiguación previa.
Él lo sabe. Por eso pugna por ello.
Ha filmado “Presunto culpable”, trabajo cinematográfico ganador del premio a mejor documental en el Festival Internacional de Cine de Morelia.
En éste, Roberto desde el caso particular de José Antonio Zúñiga, joven del Distrito federal detenido injustamente por presuntamente asesinar a un joven, retrata al sistema judicial mexicano.
“Un sistema de quebranto total”, dice, “que no hace ninguna de las cosas que se supone debe hacer”.
Presunto culpable: retrato a cuerpo completo
En Presunto Culpable, Roberto entra, mira en la cara las cicatrices de las audiencias, de los juicios, del sistema carcelario, de la burocracia penal en México.
Se enfoca en el caso de José Antonio Zúñiga Rodríguez, Toño.
José Antonio es un vendedor de discos. Uno de su hobbies es bailar breakdance. La música y el baile son su pasión.
La tarde del 11 de diciembre del 2005, Toño era detenido por tres policías judiciales en la delegación Iztapalapa.
Toño caminaba rumbo a su casa tras haber vendido durante todo el día discos en un mercado. De pronto una patrulla se emparejó a él y le dijo que él era el asesino.
Esa tarde, Juan Carlos Reyes Pachecano había sido asesinado durante una pelea entre pandillas. A pocas cuadras de donde fue detenido Zúñiga Rodríguez. A la hora del asesinato, Toño vendía discos. No era él el asesino.
Comenzó todo un suplicio para Toño. Había sido detenido en base a un retrato hablado. Un primo del joven muerto lo señaló como el responsable.
El juez vigésimo sexto penal en el Distrito Federal, Héctor Palomares Medina, lo declaró culpable del homicidio.
En esos días, Roberto Hernández había presentado su cortometraje “El Túnel”. En éste se narra la historia de Marco Antonio Arias Cuevas, detenido injustamente y liberado tras la presentación de este trabajo fílmico.
La familia de José Antonio buscó a los creadores del documental para que los ayudaran.
Roberto junto con su esposa Layda Negrete decidieron participar y apoyar a Toño y a su familia.
Encontraron un juicio lleno de irregularidades. La principal: el abogado defensor de oficio de Zúñiga Rodríguez tenía una cédula profesional falsa.
Con ello lograron que se obligara el juez a repetir el juicio. Buscaron a Rafael Heredia, abogado penalista que se hizo cargo del caso.
A partir de aquí de nuevo utilizaron su arma: las cámaras.
Paso a paso grabaron lo que sucedía en los juzgados, así como en la celda donde se encontraba preso Toño.
Al repetir el proceso, el equipo de abogados de Toño pidió citar a los testigos y carearlos con José Antonio.
Se citó a quien acusó a Toño, a los policías que lo detuvieron, a testigos que lo vieron durante todo el día vendiendo discos en su puesto.
Tras ello, lograron encontrar serias inconsistencias en sus declaraciones.
A pesar de ello, el juez repitió su decisión: culpable.
Durante este lapso de detención Toño se casó con Eva Gutiérrez en la cárcel. Asimismo, Eva tuvo un hijo suyo. Vivía la gloria y el infierno.
Los abogados de Zúñiga Rodríguez impugnaron la decisión y acudieron ante el juez de apelación para presentarle sus pruebas: 350 horas de grabación.
Con ello, lograron tras 2 años y dos meses liberar a Toño.
Habían retratado al sistema judicial mexicano.
Un peligro para todos, como dice Hernández Ruiz.
Toño salía de la cárcel. Y volvía a bailar breakdance.
Un sistema judicial quebrantado
El sistema de impartición de justicia está quebrantado, según Roberto Hernández Ruiz, abogado y director del documental Presunto Culpable.
-Descríbeme el sistema judicial mexicano, le pido
“No atiende bien a las víctimas ni a las personas que les pudiera dar información sobre un hecho delictivo, no recolecta bien evidencias, no trata bien ni a los acusados, tampoco, entonces por ninguno de los dos lados está funcionando bien el sistema penal”, crítica.
Él encuentra varias fallas en este sistema y las enumera.
Una de ellas. Las corporaciones de policía.
-¿Cómo definir a los policías?
“Son policías que están mal pagados, no tienen ninguna seguridad laboral, no hay ninguna supervisión efectiva sobre lo que hacen, lo que se está generando es un foco rojo, que en lugar de mitigar el riesgo de la delincuencia”, crítica.
Sus lentes de alta graduación, enfocan, miran de cerca a la policía. A quienes trabajan en ella.
“Ser policía es el peor trabajo que uno puede tener”, comenta con un dejo de tristeza que se hace patente en su tono de hablar.
No es en balde lo que comenta Roberto. Según una encuesta de Consulta Mitofsky la policía es el cuarto ente público con menor confianza entre la ciudadanía. La punta la tienen los partidos políticos, los diputados y los sindicatos.
Roberto, habla fluidamente, no cesa, le pregunto y contesta de inmediato. Profundiza en sus respuestas.
Me veo al interior de la oficina desde donde lo entrevisto. Seis paredes me rodean. Como si fuese un recluso. Un recluso sin ser un presunto culpable.
-¿Qué hacer con los jueces para mejorar el sistema judicial?
“No tenemos jueces, sentencia Roberto secamente como si fuese un impartidor de justicia mexicano.
“Según una encuesta del CIDE, el 7% de los acusados conocen que el juez es quien lleva su proceso. El resto no lo sabe”.
Jueces con un ritmo y apilamiento de trabajo considerables.
Que sostienen sus decisiones en la averiguación previa escrita por un agente del ministerio público.
Héctor Palomares Medina es el retrato enmarcado de esto. Él es el juez vigésimo sexto penal en el Distrito Federal. Encargado del juicio de José Antonio Zúñiga, el caso que se presenta en Presunto culpable.
Palomares es evidenciado de realizar un juicio con fallas desde origen. Primero con un abogado defensor con una cédula profesional falsa. Posteriormente, en la reposición de ese juicio, empecinado con no cambiar su decisión. Hasta que el equipo jurídico de Zúñiga conformado por Rafael Heredia, abogado penalista, Layda Negrete, pareja de Roberto Hernández, y éste mismo.
Tras esto aún sigue en su puesto.
Hernández Ruiz cuestiona la calidad y rigor de las averiguaciones previas:
“En la averiguación previa el agente puede escribir una novela y con eso juzgar a un acusado”, asevera, mientras se lamenta.
“No hay ningún sistema penal en América Latina tan extremo como lo tenemos en México. En lo general hay una gran dilución de responsabilidades en la investigación de delitos y una gran ausencia de personas que protejan derechos de acusados y víctimas”, se queja Hernández.
Un sistema que de todos sus detenidos el 25% cometió un robo menor a los $ 1 mil, casi el 50% hurtó menos de $ 6 mil.
Un sistema carcelario compuesto por 438 prisiones. Éstas con una población de 222 mil 73 internos hasta marzo de este año, según cifras de la Secretaría de Seguridad Pública federal.
Un lugar al que el arma de Roberto ha entrado. Lo ha visto frente a frente.
-Defíneme el sistema carcelario de México, le pido
“El sistema carcelario, parece de risa, pero no tenemos cárceles, así como no tenemos jueces. En términos numéricos.
“Una cárcel es un lugar donde tú incapacitas a una persona, sin decir que son delincuentes, porque los que están ahí no sabemos si son delincuentes todos.
“La cárcel es un servicio público, pero en México son negocios privados.
“Cadenas de corrupción donde se extorsiona a los familiares de las personas que están detenidas para que se le pague una mordida a los custodios que cuidan a los internos, se les cobra por meter comida, en lugar que el gobierno les proporcione un servicio de alimentación, un servicio médico, un trato para que lo vayan preparando para que se reintegre socialmente, lo que hacemos es que se extorsiona a las familias, se les maltrata, se les maltrata a los internos, tenemos un sistema carcelario que ponen los propios internos al Gobierno.
“Entonces esa no es una cárcel, ese es un campo de concentración con una escalera de abusos para mantener un control social, pero no es una cárcel”.
La etiqueta al igual que Rafael Caro Quintero, detenido por narcotráfico, en una entrevista periodística con Julio Scherer.
Un campo de concentración. Donde el 70%, según cálculos del director de Presunto culpable, no debería estar detenida, ya sea porque no cometió un delito (entre el 20 y el 30%) o porque no es un delito que merezca la retención.
Según estudios de la asociación Renace, el 40% de quienes pisan una cárcel, al salir vuelven a cometer un delito.
Roberto sostiene:
“La cárcel es más cara y es el peor remedio contra la criminalidad, no readapta y te garantiza que casi la mitad de los que van a parar ahí volverán a cometer un crimen, y es carísimo, además de que son golpeados psicológicamente muy mal y sale con un rencor con la sociedad gigante”.
Lo confirma con ex reclusos, incluso famosos. Raúl Salinas de Gortari le hizo llegar una carta después de la presentación de su anterior documental “El Túnel”. Un pasadizo que sólo conocen quienes lo han vivido con la piel que se escoria en él.
Desde ese entonces no ha tenido contacto con el hermano del expresidente de la República.
Retrata un sistema colapsado. Con respuestas que no son adoptadas por autoridades.
-¿Aceptarías un puesto público para contribuir a modificar el sistema judicial?
“No creo que desde adentro se pueda modificar, no creo que hay estén los lugares de cambio en México, porque están sometidos a muchas presiones de tiempos, les cuestan mucho pensar a largo plazo, voy a estar en el juego del corto plazo, del bomberazo”.
-¿No lo aceptarías?
-“No”, remata mientras ríe.
Roberto piensa que desde la sociedad civil se puede empujar a modificar la situación actual del sistema penal mexicano.
Por ello busca crear un ejército. Un ejército de abogados con cámaras.
Un grupo que ha creado en Facebook para pugnar por grabar todos los juicios en vías de reducir costos y transparentarlos.
Con un mensaje claro:
“Si tu te quedas esperando que las autoridades nos den más seguridad, más empleo, más educación o más salud, te puedes quedar esperando como ciudadano. Hay que tomar cartas en el asunto, ser más activo y tomar una cámara para filmar una realidad que nos molesta y exhibirla públicamente, porque si no, somos irrelevantes políticamente”, afirma Hernández Ruiz.
Su arma sigue ahí, enfundada.
Esperando la oportunidad de volver a ser utilizada.